El plan oficial contempla la salida de unos 1.500 trabajadores, cerca del 25% de la planta. Crece la preocupación por el impacto en la capacidad científica y técnica del organismo.

El Gobierno nacional puso en marcha un plan de retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con el objetivo de reducir significativamente su dotación de personal. La medida, comunicada a los trabajadores el 26 de marzo, apunta a alcanzar unas 1.500 desvinculaciones entre investigadores, técnicos, profesionales y administrativos.

La iniciativa fue formalizada a través de su publicación en el Boletín Oficial y difundida internamente mediante un correo electrónico dirigido a toda la planta del organismo, que actualmente cuenta con cerca de 5.700 empleados.

Según trascendió, el programa forma parte de una política más amplia de reducción del tamaño del Estado, impulsada desde áreas clave del Gobierno. En esa línea, las autoridades del INTA, encabezadas por su presidente Nicolás Bronzovich, ya habían anticipado la intención de avanzar con un recorte significativo en la estructura del organismo.

El objetivo oficial sería reducir la planta en torno al 25%, llevando el número total de trabajadores a aproximadamente 4.500. Este proceso se suma a una tendencia previa de disminución de personal, que incluyó jubilaciones, retiros voluntarios y la no renovación de contratos.

La noticia generó inquietud entre los trabajadores, que advierten sobre la incertidumbre respecto de su futuro laboral y el impacto que podría tener la medida en el funcionamiento del instituto.

Desde distintos sectores vinculados al ámbito científico y académico también expresaron preocupación por una eventual pérdida de capacidades técnico-científicas. El INTA es considerado un organismo estratégico en el desarrollo y transferencia de conocimiento aplicado al sector agropecuario, con investigaciones en áreas como biotecnología, sanidad animal, semillas, fertilizantes y prácticas productivas.

Además del recorte de personal, el plan incluiría la posible venta de parte de las tierras que posee el organismo a nivel nacional. Según versiones, se analizaría desprenderse de cerca de 42.000 hectáreas sobre un total aproximado de 110.000.

Mientras avanza la implementación del programa, crecen las críticas y el debate en torno al rol del Estado en la investigación científica y el desarrollo productivo, en un contexto donde el sector agropecuario continúa siendo uno de los pilares de la economía argentina.