El Gobierno nacional oficializó el inicio del proceso de privatización total de Energía Argentina S.A. (Enarsa), una de las principales empresas estatales del sector energético. La medida fue dispuesta a través del Decreto 286/2025 y representa un giro profundo en el rol del Estado dentro del sistema energético nacional.

La primera etapa del plan contempla la venta del 100% de las acciones de Citelec S.A., sociedad controlante de Transener, la compañía responsable del sistema de transmisión eléctrica de alta tensión en todo el país.

Según el Ejecutivo, el objetivo de la iniciativa es "mejorar el servicio, fomentar la competencia y garantizar precios reales", en línea con el plan de reformas estructurales impulsado por el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo. La ejecución del proceso estará a cargo de la recientemente creada Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

Un paquete estratégico

La privatización de Enarsa abarca un conjunto diverso de activos estratégicos que han sido clave en el desarrollo energético de los últimos veinte años. Entre ellos se incluyen:

• Transener, con una red de 12.400 km de líneas de alta tensión.

• El Gasoducto ex Néstor Kirchner, con una capacidad de transporte superior a 21 millones de m³ diarios.

• Participaciones mayoritarias en las centrales térmicas San Martín (Timbúes, Santa Fe) y Manuel Belgrano (Campana, Buenos Aires).

• El 98% de las represas del Comahue y dos represas en construcción en la provincia de Santa Cruz.

• El 50% del puerto de Escobar, en sociedad con YPF.

• Accionariado en parques eólicos, el Gasoducto del Noreste, y participación en los complejos binacionales de Yacyretá y Salto Grande.

Críticas y preocupaciones

A pesar del discurso oficial, la medida recibió críticas de especialistas que advierten sobre el impacto que podría tener el desguace de una empresa clave para la soberanía energética del país.

“El problema no es la eficiencia económica clásica, porque Enarsa no fue concebida como una empresa comercial, sino como un brazo operativo del Estado”, explicó el economista Alberto Muller. En diálogo con Página/12, alertó además sobre los riesgos de una mayor concentración del mercado si no se aplican regulaciones estrictas durante el proceso.

Desde el oficialismo argumentan que la compañía demanda millonarios subsidios para sostener su operación, pero voces críticas señalan que el déficit se vincula principalmente a las políticas de importación de gas y no a una supuesta ineficiencia estructural.

Un nuevo paradigma

Creada en 2004, Enarsa jugó un rol central en el diseño e implementación de proyectos estratégicos como el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, y diversas centrales y represas hidroeléctricas y térmicas. Su desmantelamiento supone un cambio profundo en el modelo de gestión estatal de los recursos energéticos.

Aunque el Gobierno insiste en que no habrá impacto sobre la provisión energética, expertos advierten sobre la pérdida de capacidades técnicas y logísticas clave que hoy garantizan el funcionamiento de infraestructuras críticas.