El Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el juez laboral Raúl Horacio Ojeda, a quien acusa de presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. El planteo incluye un pedido de suspensión preventiva y eventual remoción del magistrado.

Ojeda, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, había dictado semanas atrás una medida cautelar que dejó sin efecto, de manera provisoria, varios artículos de la denominada Ley de Modernización Laboral, una iniciativa clave del Gobierno nacional. La resolución judicial se produjo en el marco de una presentación realizada por la CGT.

La denuncia fue impulsada por el presidente del MEAB, Juan Méndez, y dirigida al titular del Consejo, Horacio Rosatti. En el escrito, la organización empresaria sostiene que el magistrado incurrió en irregularidades procesales al intervenir en una causa que, a su criterio, debería tramitar en el fuero contencioso administrativo federal y no en la justicia laboral.

Según el planteo, ya existía una definición previa de competencia por parte de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, que habría sido desoída por Ojeda. A esto se suma la acusación de no haber resuelto cuestiones clave vinculadas a la existencia de un caso concreto y a la legitimidad de la parte demandante para accionar judicialmente.

Otro de los puntos cuestionados es la rapidez con la que se dictó la cautelar, que tuvo alcance colectivo y afectó artículos que, según el MEAB, no habrían sido solicitados expresamente en la demanda. Para los denunciantes, la decisión careció de la debida fundamentación y no respetó los estándares exigidos para suspender la aplicación de una ley sancionada por el Congreso.

La presentación también objeta una resolución posterior del juez en la que se habría excluido al Procurador del Tesoro y a otros funcionarios del patrocinio legal del Estado, bajo el argumento de falta de matrícula. Desde el sector empresario consideran que esa interpretación contradice la normativa vigente y antecedentes de la Corte Suprema.

Con este escenario, el MEAB solicita la apertura de un proceso disciplinario contra Ojeda. Argumenta que sus decisiones implican un apartamiento del derecho aplicable, afectan la imparcialidad judicial y vulneran el principio de división de poderes. Ahora será el Consejo de la Magistratura el organismo encargado de evaluar la denuncia y definir los próximos pasos.