El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) declaró el “estado de alerta máxima” ante lo que denunció como un proceso de vaciamiento silencioso de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), impulsado por el Gobierno nacional a través de un nuevo organigrama administrativo. Desde el gremio advirtieron que estas medidas ponen en riesgo directo a millones de usuarios de la red vial en todo el país.

La secretaria general del sindicato, Graciela Aleñá, cuestionó con dureza la reestructuración promovida por la gestión de Javier Milei bajo los lineamientos del ministro Federico Sturzenegger, a la que calificó como un intento encubierto de desmantelar uno de los organismos históricos del Estado. “Hoy marchamos en Rosario y mañana en Buenos Aires. Estamos donde tenemos que estar”, señaló, en referencia a las protestas que acompañan el rechazo a la reforma laboral que será tratada en el Senado.

Aleñá sostuvo que el caso de Vialidad Nacional expone una vulneración abierta de la Constitución y de la división de poderes. “Aunque la Justicia y el Congreso le dijeron al Gobierno que no podía avanzar en la destrucción de Vialidad Nacional, continúan haciéndolo a través de decisiones administrativas del Poder Ejecutivo. Es una vergüenza y una muestra del carácter autoritario de este gobierno”, afirmó.

Según denunció el sindicato, a partir de un informe interno del propio organismo, la DNV atraviesa un proceso denominado oficialmente de “reorientación institucional” que, en la práctica, implica abandonar la ejecución directa de obras y tareas operativas. De concretarse, Vialidad quedaría reducida a un ente dedicado exclusivamente a la planificación, el control y la fiscalización de concesiones privadas.

“En términos claros, el Estado dejaría de construir, mantener y conservar las rutas nacionales para limitarse a observar cómo lo hacen terceros, si es que lo hacen”, advirtieron desde STVyARA. Para el gremio, esta retirada del Estado de una función esencial tendría consecuencias directas sobre la seguridad vial y la conectividad de vastas regiones del país.

Frente a este escenario, el sindicato intimó formalmente mediante carta documento al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y al ministro de Regulación, Federico Sturzenegger. En la presentación, exigieron que se abstengan de adoptar o convalidar cualquier medida que implique la disolución, el vaciamiento o la desnaturalización de la Dirección Nacional de Vialidad.

La intimación advierte específicamente contra la eliminación de funciones operativas sustantivas, la reducción estructural incompatible con los fines legales del organismo, la transferencia de competencias esenciales al sector privado y la reconversión de Vialidad en un mero ente de planificación y fiscalización, en desmedro de su rol histórico.

Desde el gremio remarcaron que estas decisiones van en contra del interés público, del principio de continuidad del servicio público y del deber del Estado de preservar su patrimonio. Además, alertaron que el desmantelamiento de Vialidad Nacional tendría graves consecuencias sociales, económicas y de seguridad vial, especialmente en las zonas más postergadas del país.

“Vialidad Nacional fue y sigue siendo una herramienta clave de integración territorial, desarrollo federal y equidad social”, subrayaron desde STVyARA. En ese sentido, destacaron que el organismo garantiza la presencia del Estado allí donde el mercado no llega: rutas para pequeños pueblos, caminos para la producción regional y conectividad para comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.

Mientras continúan las movilizaciones, el conflicto suma tensión al escenario político y sindical, en un contexto marcado por el debate de la reforma laboral y el avance de políticas de ajuste sobre áreas estratégicas del Estado.