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Domingo 22 de Noviembre de 2026

La UTEP se movilizó frente a Carrefour por la jubilada que estuvo 35 días presa por intentar llevarse alimentos

Política gremial Domingo 22 de Noviembre de 2026
La UTEP se movilizó frente a Carrefour por la jubilada que estuvo 35 días presa por intentar llevarse alimentos

La situación de Estela Chávez, una jubilada de 69 años que permaneció 35 días detenida después de intentar llevarse alimentos de un supermercado Carrefour, motivó una protesta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). La organización realizó una asamblea frente al establecimiento del barrio porteño de Belgrano para visibilizar el caso y denunciar las condiciones de vulnerabilidad que atraviesan miles de adultos mayores.

Chávez había sido interceptada antes de cruzar la línea de cajas cuando intentaba retirar un corte de carne, salchichas y fiambre sin abonarlos. Tras permanecer más de un mes privada de su libertad, recuperó la libertad luego de que sus familiares consiguieran los $150.000 que le exigieron como fianza, una suma que debieron reunir mediante endeudamiento.

La causa penal continúa abierta y la jubilada debe presentarse periódicamente ante la Justicia.

El caso generó indignación en las organizaciones sociales, que cuestionaron la desproporción de la respuesta judicial frente a una situación atravesada por la necesidad económica. Estela cobra la jubilación mínima y había manifestado que no tenía alimentos en su casa, mientras sus ingresos apenas le permiten afrontar gastos básicos como vivienda, servicios y medicamentos.

La UTEP denunció la criminalización del hambre

Durante la jornada, la referente de la UTEP Dina Sánchez cuestionó el escenario social y apuntó contra las políticas del Gobierno nacional respecto de la asistencia alimentaria.

«Hoy comer en la Argentina se volvió un privilegio que no es para todos y para todas, por eso metieron presa a la jubilada Estela, que ayer vino al verdurazo del Congreso a retirar un bolsón de verdura», expresó.

La dirigente también criticó la falta de asistencia a los comedores populares y el esfuerzo que realizan las organizaciones territoriales para sostener los espacios de alimentación comunitaria.

«Milei desde el minuto que asumió no entrega ni un kilo de arroz a los comedores populares que están haciendo malabares para sostenerse y garantizar un plato de comida a muchas familias», sostuvo Sánchez.

En ese sentido, cuestionó que las personas que atraviesan situaciones de pobreza terminen bajo persecución penal por intentar resolver necesidades elementales. «Es fácil meter presas a las jubiladas que no llegan a fin de mes y a muchos trabajadores y trabajadoras del espacio público, porque hoy tener hambre y trabajar en la calle es un crimen», agregó.

Cuestionamientos a la actuación judicial

La protesta también puso el foco en la intervención de la Justicia y en la respuesta penal que recibió la jubilada. Desde la organización cuestionaron la actuación de la jueza Fabiana Emma Palmaghini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 25, y reclamaron que se contemple el contexto de vulnerabilidad en el que se produjo el episodio.

La UTEP planteó que no se puede naturalizar que una persona mayor termine privada de su libertad por intentar acceder a alimentos y reclamó que el sistema judicial tenga en cuenta las condiciones sociales y económicas que rodean este tipo de situaciones.

El reclamo también recuperó el concepto de hurto famélico, utilizado para describir la sustracción de alimentos ante una situación de necesidad extrema. La discusión jurídica sobre su aplicación y las circunstancias particulares del caso forman parte de una controversia que continúa abierta.

Jubilaciones, pobreza y dificultades para acceder a los alimentos

El episodio se produce en un contexto de deterioro de los ingresos y dificultades crecientes para cubrir los gastos esenciales. En noviembre de 2026, la jubilación mínima se ubica en $444.158,46 y alcanza los $514.158,46 con el bono previsional. Ese ingreso debe cubrir alimentación, medicamentos, vivienda y servicios, entre otras necesidades básicas.

A esta situación se suman los indicadores sociales difundidos en el material de referencia: según los datos del INDEC correspondientes al primer semestre de 2026, el 32,3% de la población se encontraba bajo la línea de pobreza y el 7,5% en situación de indigencia.

Para la UTEP, lo ocurrido con Estela Chávez expone una contradicción profunda: mientras el acceso a los alimentos se vuelve cada vez más difícil para amplios sectores de la sociedad, una jubilada que no puede cubrir sus necesidades básicas termina pasando más de un mes detenida.

La jornada frente a Carrefour buscó convertir el caso en un reclamo colectivo y poner en discusión el tratamiento que reciben las personas en situación de pobreza. El mensaje de la organización fue contundente: «¡Tener hambre no es delito, hambrear al pueblo sí!».

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