La Justicia porteña convalidó la reforma laboral de Milei y puso un techo a la actualización de las indemnizaciones por despido
Afiliados Jueves 19 de Noviembre de 2026
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) respaldó la aplicación de uno de los artículos más cuestionados de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. En un fallo dividido, el máximo tribunal porteño avaló el artículo 55 de la Ley 27.802 y estableció límites a la actualización de las indemnizaciones y los créditos laborales correspondientes a causas judiciales que todavía no cuentan con una sentencia definitiva.
La resolución hizo lugar al recurso presentado por el Banco Hipotecario S.A. y revocó un fallo de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que había dispuesto actualizar el crédito de una trabajadora despedida mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más un interés del 3% anual.
El expediente, identificado como Banco Hipotecario S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (laboral) en Souto, María Laura c/Banco Hipotecario S.A. y otro s/despido, terminó con una decisión favorable a la entidad bancaria y convalidó el mecanismo de actualización establecido por la reforma laboral.
Cómo funciona el límite a las indemnizaciones
El artículo 55 de la Ley 27.802, vigente desde el 6 de marzo de 2026, establece un régimen específico para actualizar los créditos laborales en los procesos judiciales que se encuentran en trámite y no tienen sentencia definitiva.
La normativa fija como referencia la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina (BCRA), pero establece dos límites para determinar el monto final: la actualización no puede superar el resultado de aplicar el IPC más un 3% anual y tampoco puede quedar por debajo del 67% de ese mismo cálculo.
De esta manera, el esquema introduce un mecanismo que puede reducir considerablemente los montos que los trabajadores tienen derecho a reclamar por la demora en el pago de sus indemnizaciones, en comparación con otros criterios de actualización.
La Cámara Nacional del Trabajo había cuestionado anteriormente las restricciones legales a la indexación y dispuesto una actualización mediante inflación más un interés adicional. El Banco Hipotecario recurrió esa decisión y consiguió que el TSJ porteño revirtiera el criterio.
Tres votos a favor y dos en contra
La decisión fue adoptada por mayoría. Los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg respaldaron la aplicación del artículo 55 y rechazaron el planteo de inconstitucionalidad.
Entre sus argumentos, sostuvieron que declarar inválida una ley debe ser considerado un recurso excepcional y que el Congreso tiene facultades para establecer mecanismos transitorios de actualización de las deudas judiciales.
También consideraron que el piso del 67% funciona como una garantía para evitar resultados irrazonables y que la existencia de un régimen específico para los créditos laborales no implica, por sí misma, una vulneración del principio de igualdad ni del derecho de propiedad.
En su voto particular, Weinberg señaló que la trabajadora no había demostrado mediante cálculos concretos el perjuicio económico que le ocasionaba la aplicación de la nueva fórmula. Según su interpretación, para declarar la inconstitucionalidad de una norma de estas características es necesario acreditar el daño específico en el caso analizado.
La magistrada también defendió la previsibilidad en la determinación de las deudas y sostuvo que puede contribuir a proteger las fuentes de empleo.
La fuerte advertencia de los jueces que votaron en disidencia
Los magistrados Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz rechazaron la interpretación de la mayoría y votaron por declarar inconstitucional el artículo 55 de la reforma laboral.
Ambos consideraron que el mecanismo establece un tratamiento discriminatorio para los trabajadores, a quienes la propia jurisprudencia de la Corte Suprema reconoce como sujetos de preferente tutela constitucional.
El cuestionamiento central apunta a que los trabajadores podrían recibir una compensación significativamente menor por la mora judicial que la reconocida a otros acreedores en reclamos civiles y comerciales.
Para fundamentar su posición, los jueces analizaron los números del expediente. Entre marzo de 2017, cuando se produjo el despido, y agosto de 2026, la inflación acumulada medida por el IPC alcanzó el 11.980%.
En el mismo período, la tasa pasiva prevista por la nueva normativa arrojó un 5.930%, mientras que la Tasa de Intereses Moratorios (TIM) del Banco Central, utilizada para otras obligaciones, alcanzó el 12.186%.
La diferencia expone la magnitud del recorte que puede representar la aplicación del mecanismo cuestionado para quienes esperan durante años una resolución judicial sobre sus indemnizaciones.
Un nuevo respaldo judicial a la reforma laboral
El pronunciamiento del TSJ porteño se suma al criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 5 de noviembre, en la causa Cabana Opanasiuk, Leonardo, y consolida una línea jurisprudencial favorable a limitar los mecanismos de actualización de los créditos laborales.
La decisión representa un antecedente relevante para los trabajadores que mantienen litigios por despidos y deudas salariales, ya que puede incidir directamente en los montos que finalmente perciban una vez resueltos sus reclamos.
En un contexto de cambios profundos en la legislación laboral, el fallo vuelve a colocar en el centro de la discusión el alcance de los derechos de los trabajadores frente a la mora judicial y el impacto económico de las restricciones a la actualización de las indemnizaciones.















