La explosión registrada en la planta de biodiesel Albardón Bio, en Puerto General San Martín, dejó un saldo de tres trabajadores muertos y volvió a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad en establecimientos industriales de alto riesgo. Desde el Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo apuntaron contra los responsables de la empresa y reclamaron que la investigación determine si existieron incumplimientos que derivaron en la tragedia.

El fallecimiento de César Aquino Valdéz, de 21 años, elevó a tres las víctimas fatales del siniestro ocurrido el martes. El joven, oriundo de Fray Luis Beltrán y trabajador de la empresa tercerizada Gelvez, permanecía internado en el Hospital Centenario de Rosario luego de sufrir graves heridas durante la explosión. Tras ser diagnosticado con muerte cerebral, falleció este jueves.

La tragedia también provocó la muerte de Rubén Omar Correa, de Puerto General San Martín, y Matías Edgardo Díaz, oriundo de Granadero Baigorria. Otros tres trabajadores resultaron con quemaduras.

“Fue una irresponsabilidad total”

El secretario general del Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo, Daniel Succi, cuestionó duramente las condiciones en las que se desarrollaban las tareas dentro de la planta y reclamó que la Justicia determine las responsabilidades correspondientes.

“Lo que pasó en Albardón es una irresponsabilidad total”, sostuvo el dirigente, al referirse a las versiones que indican que trabajadores de la empresa contratista realizaban tareas de mantenimiento con una amoladora o un equipo de soldadura en las inmediaciones del tanque de metanol que terminó explotando.

Para Succi, el punto central de la investigación debe ser establecer qué tareas se estaban realizando, bajo qué protocolos de seguridad y quién autorizó esos trabajos en una zona donde se almacenaba una sustancia altamente inflamable.

El dirigente también puso en duda la capacitación recibida por los trabajadores tercerizados y cuestionó si quienes ingresaron a realizar las tareas conocían realmente los riesgos existentes en el establecimiento.

Reclamo de responsabilidad penal

El titular de Aceiteros de San Lorenzo reclamó que la investigación no termine únicamente con sanciones laborales o administrativas para los responsables.

“Cuando matan gente, no los tienen que rajar, los tienen que meter presos”, afirmó Succi, al reclamar que quienes eventualmente hayan incumplido las normas de seguridad enfrenten consecuencias penales.

El dirigente consideró que la muerte de tres trabajadores no puede ser tratada como un accidente más y sostuvo que las responsabilidades deben alcanzar a quienes tenían a su cargo garantizar las condiciones de seguridad dentro de la planta.

“Estos tipos están trabajando con la vida de los trabajadores. Hasta que no metan preso a un responsable, esto va a seguir así”, sostuvo.

Las condiciones de seguridad, bajo investigación

Succi también cuestionó las condiciones de acceso y las características de la infraestructura de la planta. Según relató, la calle de ingreso al establecimiento resultaba demasiado estrecha para permitir un adecuado desplazamiento de los vehículos de emergencia.

El dirigente planteó así otro interrogante que deberá ser respondido durante la investigación: quién otorgó las habilitaciones correspondientes y qué controles se realizaron sobre la planta antes de que comenzara a operar.

“Hay un montón de cosas que tienen que estar en orden para que no ocurran estas cosas”, señaló.

La Justicia busca determinar qué provocó la explosión

La fiscal Melisa Serena lleva adelante la investigación para determinar las causas del siniestro y establecer eventuales responsabilidades.

Las pericias realizadas en el establecimiento y los informes de las autopsias serán determinantes para reconstruir la secuencia que terminó con la explosión del tanque de metanol.

Una de las principales hipótesis apunta a que trabajadores de la firma contratista Gelvez se encontraban realizando tareas de mantenimiento en las proximidades del tanque. La Justicia deberá establecer si utilizaron una amoladora, equipos de soldadura u otras herramientas capaces de generar una chispa y, fundamentalmente, si esos trabajos fueron autorizados bajo las condiciones de seguridad correspondientes.

En paralelo, organismos de la provincia de Santa Fe analizan las habilitaciones y condiciones ambientales de la planta para determinar si Albardón Bio cumplía con las exigencias establecidas para este tipo de instalaciones.

Tercerización y precarización, otro eje del conflicto

Un dato que quedó expuesto tras la tragedia es que ninguno de los tres trabajadores fallecidos pertenecía directamente a la nómina de Albardón Bio. Todos se desempeñaban para la empresa contratista Gelvez.

Para el gremio aceitero, la tercerización debe formar parte del análisis de lo ocurrido, particularmente en un contexto donde la presión por conservar un puesto de trabajo puede llevar a aceptar condiciones laborales cada vez más desfavorables.

Succi vinculó la tragedia con el deterioro del mercado laboral y la competencia por conseguir empleo.

“Estamos con el tema de la falta de trabajo y nos estamos peleando para ver quién cobra menos para tener un laburo”, sostuvo el dirigente, quien comparó la situación con el escenario laboral de la década de 1990.

La investigación judicial deberá ahora determinar si la explosión fue consecuencia de una falla puntual o si detrás de la tragedia existió una cadena de incumplimientos en materia de prevención, capacitación, habilitación y seguridad laboral.

Mientras tanto, tres familias perdieron a sus trabajadores y desde el Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo reclaman que la muerte de los operarios no quede reducida a una estadística: exigen que se establezca quiénes fueron responsables y que, si se comprueban delitos, respondan ante la Justicia.