Un relevamiento nacional de la consultora Zentrix reveló que el 71,9% de los consultados respalda el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), en un escenario donde el apoyo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno cayó casi siete puntos en los últimos tres meses.

El sondeo, realizado durante las últimas 24 horas, muestra un acompañamiento mayoritario a la medida de fuerza. El 67,5% manifestó estar a favor del paro con movilización y un 4,4% apoyó la huelga sin movilización. En conjunto, el 71,9% se expresó positivamente. En tanto, el 27,3% dijo no estar de acuerdo y apenas el 0,8% no supo o no contestó.

El dato adquiere relevancia en un contexto en el que la propia CGT decidió no impulsar una movilización masiva hacia el Congreso. Aun así, el respaldo social aparece sólido y consistente, lo que expone un clima de creciente malestar en torno al debate laboral.

Reforma en retroceso

En paralelo, el monitoreo periódico que Zentrix realiza sobre la reforma laboral muestra un cambio significativo en la percepción pública. En noviembre de 2025, el 55% de los encuestados apoyaba la iniciativa y el 39% la rechazaba. En febrero de 2026, el respaldo descendió al 48,6%, mientras que el rechazo escaló al 45,2%.

La brecha entre apoyo y oposición —que era de 16 puntos porcentuales— se redujo de manera marcada. Si bien el proyecto aún no enfrenta un rechazo mayoritario, dejó de exhibir un consenso amplio y pasó a consolidarse como un eje de fuerte polarización política y social.

El corrimiento en la opinión pública coincide con una etapa en la que el contenido de la reforma comenzó a discutirse en detalle y sus implicancias laborales —contratación, costos y estabilidad— ganaron centralidad en el debate público.

Contexto económico y clima social

El alto acompañamiento al paro no puede analizarse en forma aislada. Se inscribe en un escenario de contracción del consumo y debilitamiento industrial que impacta especialmente en las pymes, responsables de alrededor del 70% del empleo privado formal. En los últimos dos años cerraron más de 21.000 empresas y se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo registrados.

A la par, la caída del poder adquisitivo y el encarecimiento del crédito comprimieron márgenes empresariales y profundizaron la fragilidad financiera de numerosos sectores productivos. En ese contexto, la discusión sobre cambios en las reglas laborales se produce en un mercado de trabajo que ya muestra signos de deterioro.

Desde esta perspectiva, el respaldo al paro aparece vinculado no solo a la convocatoria sindical, sino a una percepción extendida de incertidumbre económica y riesgo sobre el empleo.

El costo económico de la huelga

El paro nacional del 19 de febrero también tiene un impacto macroeconómico cuantificable. Una estimación técnica ubica la pérdida neta de valor agregado en torno a USD 461 millones para una jornada de 24 horas con paralización del transporte público.

Esa cifra equivale al 0,0685% del PBI nominal anual 2025 (estimado en USD 667,92 mil millones según datos del FMI/WEO) y representa cerca del 19,9% del PBI diario ajustado de un “día hábil equivalente”, calculado con corrección por estacionalidad y estructura productiva.

Los sectores más afectados son aquellos de alta presencialidad y dependencia logística —comercio, construcción, hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones— donde la interrupción del transporte amplifica el impacto por ausentismo, caída de la demanda presencial y dificultades en la reposición de insumos. Mientras parte de la producción puede reprogramarse en actividades industriales o administrativas, en servicios presenciales la pérdida tiende a ser en gran medida irreversible.

Un escenario de mayor tensión

La combinación de menor respaldo a la reforma laboral y alto apoyo a la medida de fuerza configura un escenario de tensión estructural entre el programa de transformación laboral del Gobierno y un contexto económico que aún no logra estabilizar el mercado de trabajo.

El paro general, así, no se limita a una disputa normativa. Se inscribe en una discusión más amplia sobre empleo, ingresos y modelo productivo, en una Argentina donde la agenda laboral volvió al centro de la escena pública.