Un estudio elaborado por el Observatorio Salarial de ATE-INDEC encendió una nueva señal de alerta sobre la situación de los trabajadores de la Administración Pública Nacional. Según el relevamiento, los salarios estatales registran una pérdida acumulada del 32,4% en términos reales desde el inicio de la gestión de Javier Milei, mientras que el costo de vida continúa alejándose de los ingresos del sector.

El informe, que se publica mensualmente bajo la consigna “¿Cuál debería ser tu salario como mínimo?”, estima que una familia integrada por dos adultos de 30 años y dos hijos en edad escolar necesitó en mayo de 2026 ingresos por $2.459.503 para cubrir sus necesidades esenciales.

Desde ATE-INDEC sostienen que la desaceleración de la inflación que exhibe el Gobierno no se traduce en una mejora concreta para los hogares trabajadores. Raúl Llaneza, referente del sector, señaló que la evolución de los precios de bienes y servicios básicos sigue impactando sobre el consumo y profundizando las dificultades económicas de las familias.

De acuerdo con el sindicato, la caída acumulada del salario estatal desde diciembre de 2023 equivale a la pérdida de más de nueve salarios completos. En ese contexto, calculan que sería necesario un incremento inmediato cercano al 48% para recuperar el nivel de poder adquisitivo que tenían los trabajadores antes del cambio de gobierno.

La situación también alcanza a los trabajadores contratados bajo la modalidad de monotributo. Según el estudio, este sector registra un deterioro aún más pronunciado debido a la falta de aguinaldo y otros componentes salariales, acumulando una pérdida equivalente a casi ocho meses y medio de ingresos.

El informe incorpora además cuestionamientos a la demora en la actualización metodológica del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que aún no incorpora las ponderaciones surgidas de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18. Desde el gremio remarcaron que esta situación ya fue observada por organismos internacionales.

En paralelo, ATE rechazó la última propuesta salarial presentada por el Ejecutivo nacional para los empleados públicos. La oferta contempla incrementos del 2,4% para junio, 2,2% para julio y 1,9% para agosto, además de un bono extraordinario de $50.000. Para la organización sindical, esos porcentajes resultan insuficientes frente al deterioro acumulado de los ingresos.

Por ese motivo, el sindicato reclama la reapertura inmediata de las negociaciones paritarias, un aumento de emergencia del 48%, el otorgamiento de un bono mensual de $450.000 y la regularización de los trabajadores que continúan en condiciones de precariedad laboral.

Desde la organización advirtieron que la pérdida de poder adquisitivo y el avance de la precarización constituyen dos de los principales desafíos que enfrenta actualmente el empleo público, y reiteraron su pedido para que ningún salario ni haber jubilatorio quede por debajo de la línea de pobreza.