Las dos CTA, organizaciones de Derechos Humanos y el CECIM La Plata se movilizarán este martes 6 de octubre a las 16 frente a los Tribunales para cuestionar el fallo de la Corte Suprema que rechazó el planteo contra la derogación de la Ley de Tierras impulsada a través del DNU 70/23.

La convocatoria reúne a centrales sindicales y entidades vinculadas a la defensa de los Derechos Humanos y de la soberanía territorial. El reclamo apunta principalmente contra la decisión judicial que, según sostienen las organizaciones, deja abierta la posibilidad de avanzar con operaciones sobre tierras rurales sin las restricciones que establecía la legislación anterior.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, cuestionó el fallo y puso el foco en la situación de los excombatientes de Malvinas. Según planteó, la resolución no solo habilita un escenario de mayor extranjerización de tierras, sino que también afecta la posibilidad del CECIM La Plata de recurrir judicialmente para discutir la constitucionalidad del decreto.

Godoy sostuvo que resulta contradictorio que quienes participaron de la guerra de Malvinas para defender la soberanía territorial encuentren ahora obstáculos para acceder a la Justicia cuando buscan cuestionar medidas relacionadas con ese mismo concepto de soberanía.

En ese marco, el dirigente confirmó la movilización frente al Palacio de Tribunales y señaló que el objetivo será expresar el rechazo al fallo y sostener el reclamo para que el DNU 70/23 sea declarado inconstitucional, tanto por la vía judicial como mediante el tratamiento legislativo.

Reclamo sindical y agenda en Diputados

El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, también ratificó la convocatoria y anticipó que las centrales sindicales volverán a movilizarse el próximo 15 de octubre, en coincidencia con una sesión de la Cámara de Diputados en la que la oposición buscará avanzar sobre distintos puntos vinculados al DNU 70/23.

Yasky mencionó entre los temas previstos la continuidad de la emergencia vinculada a la discapacidad, una iniciativa relacionada con el endeudamiento de las familias y la discusión sobre la derogación del decreto.

Desde las organizaciones consideran que una eventual eliminación del DNU permitiría abordar por la vía legislativa el capítulo referido a la Ley de Tierras, además de otros aspectos del decreto que cuestionan.

El planteo del CECIM La Plata

El vicepresidente del CECIM La Plata, Hugo Robert, centró su cuestionamiento en la legitimidad que la Corte le reconoce a la organización para intervenir en una discusión vinculada con la soberanía territorial.

Robert sostuvo que los excombatientes participaron de la guerra de 1982 bajo el argumento de defender la soberanía argentina y cuestionó que, décadas después, se les niegue legitimidad para recurrir a la Justicia frente a una medida que consideran relacionada directamente con ese principio.

Desde el CECIM remarcaron que el debate no se limita a una cuestión jurídica, sino que involucra el acceso a la tierra y la soberanía territorial como asuntos de interés colectivo.

Advertencia por una posible “ventana de tiempo”

La presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Mariela Pérez Cisneros, expresó otra de las preocupaciones de las organizaciones: el período que puede transcurrir entre la decisión judicial y una eventual definición del Congreso.

Según advirtió, durante ese lapso podrían concretarse operaciones o contrataciones vinculadas con tierras que, de acuerdo con su interpretación, podrían profundizar el proceso de extranjerización, particularmente en regiones como la Patagonia.

La Mesa de Organismos de Derechos Humanos, que reúne a distintas entidades, también se sumó al cuestionamiento. Eduardo Tavani señaló que las organizaciones continuarán acompañando el reclamo y criticó tanto el mecanismo de gobierno mediante decretos como el rol que atribuyen a la Corte Suprema en la discusión sobre el DNU.

De esta manera, la movilización de este martes frente a Tribunales se convertirá en un nuevo capítulo de una disputa que combina aspectos judiciales, legislativos y políticos en torno al DNU 70/23, la legislación sobre tierras rurales y el alcance de los derechos vinculados con la soberanía territorial.