El Gobierno de Javier Milei avanza con la privatización de AySA, una de las mayores empresas de servicios públicos del país. Antes de fin de año se lanzará una licitación nacional e internacional para vender el 51% de las acciones de la compañía estatal que abastece de agua potable y cloacas a más de 11 millones de personas en CABA y 26 partidos del conurbano bonaerense.

El plan oficial contempla una reforma profunda del marco regulatorio, que incluirá cortes del servicio por falta de pago, algo que no se permite desde la reestatización en 2006. Además, se habilitarán aumentos trimestrales de tarifas atados a la inflación y se establecerá un nuevo esquema en el cual los usuarios financiarán las obras de infraestructura a través de las boletas.

Aunque AySA tuvo un superávit operativo de $48.288 millones en 2024, el Gobierno sostiene que la empresa enfrenta graves problemas estructurales: red obsoleta, pérdidas de más del 40% del agua producida, alta morosidad, y un sistema de tarifas que no cubre los costos en la mayoría de los municipios. Según datos internos, el 50% de los caños rotos tienen menos de seis años de antigüedad y apenas el 21,8% del área abastecida recibe el servicio con los horarios estipulados.

El proceso de venta también contempla que el remanente accionario estatal —actualmente el 90%— se coloque en la Bolsa en 2026, completando así el traspaso al capital privado. La iniciativa ya fue presentada ante inversores internacionales, con respaldo de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial. Aunque aún no se conocen detalles sobre el pliego de licitación, empresas que operan servicios en Brasil ya manifestaron su interés.

El Gobierno enmarca esta medida dentro de su plan de “achicamiento del Estado” y apertura a la inversión extranjera, pero la privatización de AySA promete ser uno de los debates más calientes del año, ya que impactará de forma directa en el bolsillo de millones de usuarios del AMBA, que podrían enfrentar cortes de agua por deudas y aumentos regulares sin necesidad de aprobación legislativa.