El próximo 10 de septiembre, a las 11, comenzará en el Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata un juicio oral por delitos de lesa humanidad que pondrá nuevamente bajo la lupa el papel de sectores empresariales durante la última dictadura cívico-militar.

En el banquillo estará Emilio Parodi, de 85 años, quien durante aquellos años se desempeñaba como gerente de Recursos Humanos de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, empresa que entonces pertenecía al grupo Bunge & Born.

Parodi llega al debate acusado de haber sido partícipe necesario en el secuestro de tres trabajadores de la industria aceitera: Roberto José Rivolta, Santos Ojeda y Francisco Fernández, capturados el 7 de julio de 1976, cuando ingresaban o se retiraban de la fábrica.

La investigación sostiene que aquellos episodios no fueron hechos aislados, sino parte de una política represiva dirigida contra trabajadores y dirigentes sindicales de la planta.

El rol que le atribuye la acusación

De acuerdo con la acusación, desde su función en el área de Personal, Parodi habría tenido acceso a información sobre los trabajadores y habría confeccionado listados de empleados vinculados con la actividad sindical que posteriormente habrían quedado en manos de las fuerzas represivas.

También se le atribuye haber facilitado el ingreso de los captores a las instalaciones de la compañía.

Al disponer la elevación de la causa a juicio, el juez federal Ernesto Kreplak consideró que, según los elementos reunidos durante la investigación, los secuestros no podrían haber pasado inadvertidos para el entonces responsable de Personal y sostuvo que la ejecución de los hechos investigados habría requerido su colaboración.

Será precisamente durante el debate oral cuando esas acusaciones deberán ser analizadas y confrontadas con las pruebas y testimonios incorporados al expediente.

Una represión que alcanzó a trabajadores y familiares

El juicio se concentra formalmente en los secuestros de Rivolta, Ojeda y Fernández, pero la investigación sobre la planta de Molinos Río de la Plata abarca un universo represivo mucho más amplio.

Según la causa, 26 trabajadores y familiares fueron alcanzados por la represión, incluyendo familiares de personas desaparecidas y el caso de una niña de apenas seis meses que habría sido apropiada.

La dimensión del expediente vuelve a colocar en discusión una de las cuestiones centrales de las investigaciones sobre el terrorismo de Estado: la eventual participación, colaboración o aporte de información por parte de sectores civiles y empresariales para identificar y perseguir a trabajadores organizados.

Más de una década de reclamos

La llegada de la causa a juicio es también el resultado de años de reclamos de familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales.

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital Federal y Gran Buenos Aires (SOEIA) participan como querellantes y aportaron documentación vinculada con la actividad laboral y sindical de la época.

Entre esos elementos se encuentran actas, registros internos y documentación histórica que, según las organizaciones, permiten reconstruir el funcionamiento de la empresa y la situación de los trabajadores perseguidos.

Desde la Federación Aceitera, su secretario general Daniel Yofra reivindicó la pertenencia sindical de los trabajadores desaparecidos y sostuvo que continúan siendo considerados afiliados por la organización.

El gremio también reclama que la investigación avance sobre otros integrantes de la estructura jerárquica de la planta. En ese sentido, pidió que otros 16 exjefes y miembros del personal jerárquico sean convocados por la Justicia para prestar declaración.

La responsabilidad empresarial, nuevamente bajo la lupa

El proceso contra Parodi se inscribe en una línea de investigaciones judiciales que buscan determinar la eventual responsabilidad de empresarios y civiles en la represión ilegal desplegada durante la dictadura.

Para las organizaciones sindicales y de derechos humanos, el terrorismo de Estado no puede analizarse únicamente desde la actuación de las Fuerzas Armadas y de seguridad. También consideran necesario investigar el papel que pudieron haber desempeñado determinadas empresas en la identificación, persecución y disciplinamiento de trabajadores.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que también interviene como querellante, planteó que el objetivo es profundizar la investigación sobre aquellos sectores empresariales que pudieron haber colaborado con la represión y con la imposición de un determinado modelo económico y laboral.

La persecución al sindicalismo fabril

Uno de los ejes que atraviesa el expediente es la persecución contra trabajadores organizados sindicalmente.

Los secuestros investigados se produjeron dentro del ámbito de una planta industrial y tuvieron como víctimas a trabajadores aceiteros. Para las organizaciones gremiales, esto permite observar cómo la represión ilegal también estuvo vinculada con el intento de desarticular las estructuras sindicales y eliminar las expresiones de organización dentro de los establecimientos productivos.

La causa busca establecer qué ocurrió con los tres trabajadores secuestrados y, al mismo tiempo, determinar si existió una trama de colaboración entre la estructura empresarial y quienes ejecutaban los operativos represivos.

Memoria, Verdad y Justicia

A pocas semanas de cumplirse medio siglo del golpe de Estado de 1976, el juicio contra el exgerente de Molinos vuelve a poner en primer plano la necesidad de esclarecer la persecución sufrida por los trabajadores durante la dictadura.

Los sindicatos aceiteros sostienen que la investigación no debería detenerse en el único acusado que llega con vida a esta instancia y reclaman que se avance sobre todos aquellos que pudieron haber tenido algún grado de responsabilidad.

La consigna que mantienen es “Juicio y Castigo a Todos los Culpables”, en línea con las históricas demandas del movimiento de derechos humanos.

Para las organizaciones gremiales, la historia de los trabajadores de Molinos Río de la Plata constituye también una disputa por la memoria del movimiento obrero: hombres y mujeres que, según remarcan, fueron perseguidos por su participación sindical y por defender derechos laborales y democráticos.

El comienzo del debate oral será, así, una nueva oportunidad para que la Justicia determine responsabilidades individuales y para avanzar en el esclarecimiento de una trama represiva cuya dimensión excedió ampliamente los límites de una fábrica.